El Ejecutivo comunitario señala la falta de ejecución del presupuesto público. El nuevo ministro de Economía, Industria y Competitividad, Román Escolano, tendrá un enorme reto por delante con la I+D+i. Bruselas sitúa a España entre los países con peores niveles de innovación. Entre 2010 y 2016, el rendimiento incluso ha empeorado, lastrado por la falta de financiación y apoyo público; la escasa aportación de las pymes; el bajo emprendimiento; la ausencia de fondos de capital riesgo que inviertan; la inexistente financiación privada para proyectos públicos; las contadas empresas grandes controladas por extranjeros o la limitada participación de doctorandos foráneos, entre otras razones enumeradas. Hasta el punto de que los servicios de la Comisión colocan a España en el grupo tres de cuatro en innovación, junto a Croacia, Polonia, Letonia, Hungría, Grecia, Eslovaquia, Chipre, Italia, Malta, Lituania, Estonia, Portugal y República Checa. Hay otro grupo por debajo pero solo incluye a Bulgaria y Rumanía. En el ranking, España está en la posición 17 de 28, muy por debajo de su peso económico. Eslovenia, Lituania, Chequia o Portugal figuran mejor que España en esta clasificación elaborada con indicadores de 2016.

El informe sobre la economía española, publicado el pasado miércoles por la Comisión y adelantado por EL PAÍS, destaca que España presenta una evolución demasiado pobre de la productividad. Y lo achaca sobre todo a la educación, la elevada temporalidad y la escasa innovación. Y dedica todo un apartado a este último: ve “muy poco probable” que España pueda conseguir el objetivo europeo del 2% de inversión en I+D en 2020 entre el sector público y el privado. Prevé, además, que España se quede en torno a un 60% por debajo de los niveles europeos. Y esto en buena medida se debe a “la baja, y disminuyendo, ejecución de los presupuestos de I+D”, señala. “La capacidad innovadora de las empresas permanece débil”, asegura la Comisión. Los servicios intensivos en conocimiento y las manufacturas con una tecnología media o alta tienen un peso en la economía española menor que en la media europea. Y la intensidad del I+D en las empresas se sitúa por debajo de su máximo de 2008. Por más que se estableciese un sistema generoso de incentivos fiscales, estos se usan poco, sobre todo entre las pymes y en parte por el tiempo que se tarda en ingresarlos.

La Comisión reconoce ciertas fortalezas en el número de doctorandos, la educación universitaria, la penetración de la banda ancha, las publicaciones internacionales o las solicitudes de patentes. Pero ve debilidades en el desarrollo en las pymes, la colaboración pública-privada y la financiación. También detecta una carestía de trabajadores especializados debido una población que carece de habilidades digitales y la baja digitalización de las pymes en sectores como el comercio y distribución. Aunque admite que se ha formado una agencia para gestionar la financiación pública y que existe un plan anual y una metodología de evaluación, todavía no se tienen asegurados los recursos. Alaba que se hayan aumentado los fondos distribuidos según el rendimiento. Pero censura que no se haya desarrollado una cultura de evaluación que mejore las políticas. Incluso si hay investigadores cualificados, resultan pocos y sus perspectivas de carrera y de movilidad laboral son limitadas. La demanda de estos en el mercado laboral se antoja baja, subraya. Además, existe una gran segmentación entre los funcionarios y los temporales.